Agridulce

Recuerdo que era muy chico cuando el caso inundó las pantallas de la televisión y por ende, en la mesa de mi casa familiar, en la que todo se hablaba y se preguntaba, también llegó el nombre de Mariela Muñoz. En el año 1993, gracias a este caso, me enteré que había personas que habían nacido varones pero se identificaban con el género femenino, que había operaciones que te podían cambiar el sexo biológico, que aun habiendo nacido varón hoy podías ser mujer y madre soltera de dos niños (adoptivos, por supuesto). El mundo se empezaba a abrir como un abanico de oportunidades fascinantes en las que uno puede llegar a construirse. A la vez la realidad me pegaba un sopapo al mostrarme cómo es que el Estado trataba a la gente que osaba construir una vida fuera de los que eran considerados los cánones de normalidad. Como sucede hasta el día de hoy, el Estado decide sobre tu cuerpo, sobre tu maternidad y si no te gusta su decisión te mete preso: a Mariela Muñoz le quitaron a sus hijos y la metieron presa por usurpar un género que no le correspondía.

 

 

A casi 30 años de este acontecimiento, la realidad es muy distinta, sería impensado meter presa a una chica trans sólo por ser trans. La ley de identidad de género promulgada por el Congreso en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, vino a reparar varios de los conflictos que vivió Mariela en los 90, esto no indica que solucionó todo ni que todavía no falte mucho aún. Hoy el Estado sigue decidiendo sobre el cuerpo de las personas, especialmente sobre la maternidad y aunque las personas trans pueden acceder a un DNI como se autoperciben y a un proceso de transición gratuito, esto no quitó de la marginalidad al todo el colectivo travesti, trans y transgénero: entrando en la tercera década del segundo milenio la gente trans tiene una expectativa de vida de 35 años.

Vivir lo mismo que vive la persona más pobre de Sierra Leona por el simple hecho de no percibirse por el género impuesto por el sistema patriarcal es claramente un problema de Estado. Esto se da básicamente porque a pesar de tener un DNI que dicen lo que son, nuestra sociedad todavía no acepta ni incluye a este colectivo por más capacidades y aptitudes que tengan. A las chicas trans particularmente se las reduce a trabajar casi exclusivamente en la prostitución y el hecho de no tener un trabajo legal más la carga peyorativa que se ejerce sobre una persona de este tipo, a menos que seas Isha Escribano, no conseguirán lugares dignos para vivir y desarrollarse. Y por si faltaba algo, dentro del colectivo LGBTIQ son las personas trans quienes más sufren de crímenes de odio por marginal en las que se ven obligadas a moverse.

El hecho de que una persona trans pueda acceder a un trabajo digno y legal fuera de las márgenes es un nuevo paso para seguir construyendo ese puente que pretende darle la justicia que nunca tuvieron a las minorías sexuales. Las leyes de cupo laboral a pesar de lo que cualquier meritócrata crea, brindan equidad de posibilidades de acceso a un trabajo digno a personas que de otro modo no las obtendrían, y en muchos casos no es porque les falte capacidades o aptitudes sino por el prejuicio per sé que se tiene a la hora de contratar a una persona para un puesto laboral. Entre otras cosas, las leyes de cupo (todas las leyes de cupos) tiene un efecto pedagógico, una de las funciones de un Estado democrático, porque asumir, visibilizar y dar lugar a minorías desde los estamentos estatales contribuye que la sociedad entera vea con normalidad que estas personas ocupen esos trabajos y fomenta la posibilidad, a mediano o largo plazo, se vaya contagiando esta modalidad a las esferas privadas.

Tener una ley de cupo trans en la gestión estatal es un gran paso en camino a una sociedad más justa y más equitativa con esos colectivos que las democracias liberales vienen a proteger: las minorías.

Ahora bien, si la intención de la democracia es proteger a las minorías, fomentar el debate público, armar sociedades plurales y Estados justos mediante la construcción colectiva, es muy importante que las voces estén representadas, sobre todo en decisiones tan importantes que cambian el rumbo de sociedad hacia una más evolucionada. La evolución es un aprendizaje, una construcción que hacemos todos juntos como pueblo, no puede ser una obligación que nos baja una mente suprema y que nos empuja a evolucionar nos guste o no. Haber decretado la ley de cupo trans en los estamentos estatales por un DNU que sólo lo definió una única persona, el presidente, sube escalones a nivel justicia social pero baja los mismos escalones a nivel debate público y pluralidad. No estamos hablando de una cuestión técnica o formal que podría resolverse con un DNU sino que estamos hablando de una discusión en la que es justo que se nos de la palabra a todos. Esto se comprueba con el alto rechazo social que tiene en ciertos sectores, y que se agrava porque quienes no están de acuerdo con esta medida ni siquiera tuvieron el espacio para poder manifestarlo. Hoy tienen que aceptar la imposición o aceptar la imposición.

El debate sobre el cupo laboral trans no es una novedad que se abre después de este DNU que vino a despertar a la sociedad de su letargo en cuestiones de justicia social. Tan sólo al nombrar la lucha de Diana Sacayán o Lohana Berkins debería darnos cuenta que este cupo es un proyecto que se viene batallando con mucho esfuerzo desde hace mucho, que pretende instalarse en el debate de los argentinos y que de apoco a logrado pequeños avances: En 2015 un mes antes de que a Diana la maten por trasfobia en Flores, la ciudad de Buenos Aires se transformó en el primer distrito aprobar esta ley en la legislatura; en 2019 se reglamentó en la provincia de Buenos Aires; y a nivel nacional sólo este año había 11 proyectos en danza para que pudieran debatir los legisladores, entre ellos el de Sacayán y el Berkins. Pandemia, falta de voluntad, o “hay cosas más urgentes” (como le dijeron a quienes luchamos por la ley de aborto legal) se terminó resolviendo con el capitán Beto haciendo corriendo a todos del lugar y sin preguntar a nadie puso una firma en un papel, y listo, hay ley.

Promulgar leyes que cambiaran nuestras vidas y sanaran heridas pasadas, basadas en debates serios y profundos, es un ejercicio que fortalece la democracia; no hacerlo, la perjudica. Tan sólo para poner un ejemplo, el debate por el aborto legal (un tema tan sensible, transcendental y que genera discordias como en este caso) a pesar de su resultado fallido, nos dejó un ejemplo de cómo deben discutirse las cosas de esta índole: durante meses se les dio espacio suficiente para que todas las posturas se manifestasen, esgriman sus argumentos, y se nos dio a la población la posibilidad de entender bien qué es lo que se estaba debatiendo, cómo cambiaría nuestras vidas la ley, en qué cosas no la cambiaría, y pudimos interpelar a nuestros representantes en el tema. La función del legislador no sólo es votar leyes en representación de la sociedad sino también convencer y disuadir a la población por qué es importante que exista tal o cual ley. En el ejemplo mencionado, pudimos poner el tema del aborto como un tema de preocupación de la sociedad, aprender e informarnos sobre el estado de esta práctica en nuestro país sea cual fuere nuestra opinión y el resultado legislativo. Luego del debate de 2018 el aborto ya no es un tema más para la sociedad que pueda resolverse a sola firma de un mandamás.

Tener una ley que nos guste mucho no debe obnubilarnos de forma tal que no veamos cómo se llegó a esa ley, sabemos bien que el fin no justifica los medios. Hacer la vista gorda a las formas en las que se llega a leyes justas y sanadoras crea básicamente dos problemas.

El primero es que convalida ese modo de llegar como práctica para obtener una justicia no dada, o sea, se legitima el atajo cuando el fin lo requiere. El problema es que hoy es este fin que podemos considerar justo pero mañana se puede utilizar esa misma práctica para discusiones que no creemos justas o que creemos que merecen un debate más amplio, pero ya práctica está convalidada. Con el truco de saldar injusticias intervienen por decreto las telecomunicaciones “así la gente podrá tener conectividad y facturas acordes”, lo mismo pasa con el decreto que pone más impuestos a la clase trabajadora que quiere ahorrar en una moneda segura en un país que va y viene de las crisis y huele que avecina una nueva por la desconfianza que genera todas las políticas públicas fallidas, en teoría es para acortar la brecha entre los más pobres y los más ricos. Ambos son debatibles, pero el debate no se permitió.

Lo segundo es que la práctica de gobernar por decretos que define, firma e implementa una sola persona, es una herramienta muy efectiva en la cooptación de votantes que agradecidos por hacer justicia en su nombre estarán gustosos de mirar a otro lado cuando cometa prácticas non sanctas. La ley de cupo laboral trans no es un logro de Diana Sacayán, ni de Lohana Berkins, ni de los colectivos que presentaron 11 proyectos de ley, ni de los legisladores que nos convencieron y enseñaron que esto era lo mejor para crecer como sociedad. Es pura y exclusivamente mérito de Alberto Fernández, nadie más. Por esta razón es lógico que el colectivo trans se sienta agradecido y le rinda pleitesía porque nadie más lo hizo, porque a pesar de que el reclamo existe desde hace muchos años si el presidente no lo hubiera querido podría haber hecho como los anteriores y no haber escuchado. Esto que para algunos es una maravilla, en realidad es una gota más que suma a crear la conciencia de Estado centralista, paternalista, en el que la respuesta a todos nuestros problemas la tiene un señor bienpensante que quiere lo mejor para nosotros.

Volcar toda la responsabilidad de una decisión transcendental que nos puede hacer evolucionar enormemente como sociedad en una sola persona es desconocer que las personas no siempre pensamos bien y a veces decidimos en pos de unos y contra de otros, basándonos en argumentos flojos y preconceptos con los que fuimos criados, por eso es importante fomentar el debate para enriquecernos los unos a los otros y no tener una ley sino la mejor ley que podamos tener.

Todo lo bueno e importante que me parece tener una ley de cupo trans a nivel nacional, me lo opaca el hecho de que haya surgido sin un debate que nos debemos como sociedad. Me deja un sabor agridulce.         

 

Publicado por Juani Martignone

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